EL CASO FADESA: ¿PUNTO... Y FINAL?

Tras el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 27 de noviembre sobre el caso Fadesa, los socialistas de Miño apenas podemos decir nada más que no hayamos dicho ya:

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A riesgo de repetirnos, no podemos dejar de insistir en las repercusiones de este tema en nuestro pueblo, explicando en qué acabaría el asunto. Desde el mismo inicio, nuestro portavoz, Manuel Vázquez Faraldo, ha estado en primera línea advirtiendo de las consecuencias de un proceso en el que jamás se escuchó otra opinión ni se atendieron otros intereses que los de la empresa.

Muy lejos de defender el bien de Miño, y mucho más aún el de los propietarios expropiados para un negocio privado, el gobierno local siempre se puso de parte del afán especulador de una inmobiliaria. Desde no exigir los avales que el propio convenio firmado recogía, hasta recurrir una por una todas y cada una de las sentencias que reconocían un nuevo justiprecio. Recursos que la empresa no se molestaba en hacer sí eran presentados por el concello, que por ello ha tenido enormes gastos en abogados y procuradores en estos años, gastos a los que además hay que añadir las costas de muchos de esos pleitos perdidos.

La guinda a todo este desatino se puso en septiembre de 2011, cuando, para ejecutar la sentencia de 2006 que anulaba la expropiación, la adjudicación a Fadesa y el pliego de cláusulas administrativas, al equipo de gobierno no se le ocurrió nada mejor que volver a firmar un nuevo contrato con la empresa, calcado al de 2001. Con esta pirueta, aseguró el entonces alcalde -con la aprobación del entonces teniente de alcalde, hoy primer edil- se soslayaban las consecuencias de la anulación de una expropiación ilegal y de la construcción de una urbanización de un millón y medio de m2.

Obviamente el grupo socialista, que además de ser el único que constituye la oposición en el concello, representa a la mitad de la población de Miño, advirtió por enésima vez de la necesidad de sentarse a negociar una salida a este laberinto en el que se ha metido al pueblo, guiado por unos políticos insensatos, temerarios o directamente incompetentes. Llegados a ese punto, los afectados eran no sólo los expropiados sino también el resto de los ciudadanos de Miño, puesto que la posibilidad de que  fuesen ellos los que tuviesen que acabar pagando los platos rotos del desastre era cada vez más real.

Pero, oh sorpresa, resulta que al TSXG -como era de esperar- no le vale la argucia del nuevo contrato.

 Juan Maceiras, el alcalde en aquellos días, ya no está. Se "aburrió de la política" y dimitió, suponemos que para evitar los terribles efectos de semejante enfermedad. Pero el nuevo e inesperado alcalde, Jesús Veiga, que anunció en enero de este año que cambiaría la política de su antecesor, ha dado por bueno todo lo que éste hizo respecto al caso Fadesa y, tan sólo se preocupó de quitarse la responsabilidad sobre el asunto, declarando que "yo antes no era alcalde". Ah, y que "yo quiero pagar pero no sé cómo".

Así, con (poca) responsabilidad y (ninguna) capacidad, estos dos personajes han demostrado todo lo que no puede ni debe ser un político. Ni asumen sus culpas o negligencias en un caso en el que uno ha estado diez años y el otro doce, ambos tomando las decisiones y ambos negándose a cualquier diálogo y negociación con nadie que no fuese la propia empresa. La prepotencia y la soberbia han caracterizado la actuación de uno, y la ineptitud y la desidia la del otro, pero los dos comparten el absoluto desprecio por los intereses y el futuro de Miño.

No les ha importado, ni les preocupa, que ahora mismo el concello tenga que asumir el pago de unos 26 millones de euros (más de 4.000 millones de las antiguas pesetas) por el justiprecio de los terrenos; pero es que además ahora, con este nuevo auto del Supremo, todo el ámbito de la urbanización deja de pertenecer a la empresa y ésta puede (y posiblemente lo hará) reclamar el dinero que ha gastado en ella, que pueden ser unos cuantos millones más.

El Concello de Miño se pone en jaque ante Fadesa

Una deuda completamente inasumible para un pueblo como Miño, con 5.600 habitantes, un presupuesto anual de unos 4 millones de euros, una deuda de otros 4 millones y sin previsión de ingresos extraordinarios en los próximos años. Pero el equipo de gobierno, en vez de diseñar e implementar un plan de acción para evitar este desastre (anunciado, por cierto), se ha dedicado a... ha hecho... ha negociado... NADA.

Jesús Veiga se limita a echar balones fuera, pretendiendo torpemente ganar tiempo diciendo que no ha leído el auto, con una inconsciencia que da miedo. ¿Aguarda quizá que el problema se resuelva sólo? ¿Quiere alargarlo un poco más, lo suficiente para llegar a las elecciones de mayo de 2015 haciendo de nuevo promesas de color rosa (o, más propiamente, azul PP)? ¿O tan sólo está paralizado por la incapacidad de entender la gravedad del escenario que él mismo ha creado? Porque este último auto presenta una novedad, y es considerar y recoger la posibilidad de multas coercitivas y responsabilidades penales en caso de no ejecución de la sentencia de 2006, lo que afectaría directamente a Veiga y su equipo.

Las cosas podrían haberse hecho de otra forma. Podría, por ejemplo, no haber existido aquel convenio firmado a espaldas del pueblo y de la corporación; podría no haberse elegido el sistema de expropiación para desarrollarlo; podrían haberse exigido los avales correspondientes; podría haberse escuchado a los propietarios de los terrenos y haberles pagado un precio justo por ellos; podría habérseles facilitado la interlocución con la empresa y con el propio concello; podría no haberse recurrido el justiprecio reconocido por el Jurado Provincial de Expropiación; podrían haberse reclamado propiedades a Fadesa antes de que ésta entrase en proceso concursal; podrían haberse escuchado y atendido los repetidos ruegos de los socialistas de diálogo y negociación con las partes.

Podrían haberse hecho muchas cosas. Pero no se ha hecho nada que no fuese dilatar el proceso, retardar el pago y proteger a la empresa. Y ahora es posible que el concello, o sea todos los vecinos, tengan que pagar a los expropiados y a la empresa.

Y lo curioso es que en este negocio parece que todos han salido perdiendo (el pueblo, la empresa, los expropiados), pero eso debe ser imposible. Alguien habrá ganado, pero no sabemos quién ni cuánto ni por qué. De lo que no tenemos ninguna duda es que este último capítulo de la novela de Fadesa en Miño puede representar también un punto y final que hipoteque el futuro de Miño.