FARALDO: SI LOS EXPROPIADOS COBRAN NO SERÁ GRACIAS AL GOBIERNO DE MACEIRAS SINO A PESAR DE ÉL

El pleno del viernes 13 en el que el gobierno local de Miño decidió, en solitario, liquidar el contrato con Martinsa Fadesa dio ocasión a nuestro portavoz Manuel Vázquez Faraldo, de reiterar la postura que nuestro grupo ha venido sosteniendo durante años en referencia al asunto de la polémica urbanización.

Faraldo recordó que ya en septiembre del pasado año, cuando se propuso volver a firmar el contrato que se acaba de liquidar, él mismo propuso buscar un acuerdo extrajudicial entre empresa y afectados –con la supervisión del concello- para dar cumplimiento a la sentencia que anulaba la adjudicación. Reprochó al alcalde que despreciase aquella propuesta y que incluso llegase a asegurar que la empresa no recurriría el nuevo contrato. Los hechos demuestran que estaba equivocado (o que fue engañado por Fadesa, que el mismo viernes envió un escrito amenazando al concello con "consecuencias inimaginables" si se producía la resolución). 

En su intervención en el pleno continuó calificando de soberbia y prepotente la actuación del grupo de gobierno en el asunto, que actuó siempre de espaldas a los expropiados, a los grupos de la oposición e incluso al Valedor do Pobo, que en varias ocasiones llegó a recriminar al concello de Miño que en su momento no hubiese exigido la presentación de los avales a la empresa. Por ello reclamó al grupo de gobierno que asuma las responsabilidades de cualquier tipo que se deriven de sus decisiones políticas, tomadas con bien con ligereza o, peor aún, con desdén por las nefastas consecuencias que pueden acarrear para el pueblo. 

El hilo conductor del asunto Fadesa pasa por tres personas, que están presentes desde el inicio y que parecen haber intervenido en todas las malas decisiones que han llevado a la actual situación de peligro no sólo para los expropiados (que pueden no llegar a cobrar sus tierras) sino también para todos los vecinos del pueblo, que tal vez tengamos que hacer frente a una reclamación millonaria de Fadesa o al pago directo de las expropiaciones de las que se benefició la empresa. Esas tres personas son el teniente de alcalde en 2002, que fue quien firmó el contrato inicial y que en la actualidad sigue en el mismo puesto (Jesús Veiga Sabín), el entonces concejal de urbanismo y actual asesor de planificación estratégica (Juan Herva Mallo) y el asesor jurídico que dio por bueno el contrato que nunca se cumplió, fue anulado por el juez, se repitió para finalmente liquidarse el viernes, Carlos Abal. Así que Faraldo requirió el cese inmediato de los asesores, a los que los propios hechos han retirado cualquier credibilidad que pudieran conservar tras los años de conflictos legales y sociales que han provocado, y recordó a todos los concejales presentes la importancia de pensar bien el voto en el pleno.

El voto a favor suponía aproximarse más aún a que el concello se vea obligado a hacer frente a las deudas de Fadesa con los afectados y una más que probable quiebra, mientras que votar no era ir en contra de la lógica obligación de la empresa de pagar. El grupo socialista decidió abstenerse, en rechazo a la improbable solución que proponía Maceiras a un proceso tan complicado por su mala gestión que parece no tener fin.

Por último, y en respuesta al supuesto y repentino afán del alcalde por velar por los vecinos expropiados, hay que recordar las numerosas veces en que desde el concello se tomaron medidas para atacarles (recursos contra el justiprecio, retardos en la entrega de documentación, etc).

Si algún día los expropiados llegasen a cobrar al fin sus terrenos, no sería gracias al gobierno de Maceiras sino a pesar de él.