En la novela "El gatopardo", del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa el protagonista, el Príncipe de Salina (personaje encarnado en la película por Burt Lancaster), mantiene el siguiente diálogo en el que expresa la intención de la aristocracia dominante hasta esa fecha de aceptar la revolución garibaldina para poder perpetuarse:
"Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".
"¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado".
"…una de esas batallas que se libran para que todo siga como está".
En ésas parece estar el gobierno local de Miño ahora que, tras diez años, ¡diez!, de una expropiación indecente, inmoral y, por lo que han expresado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Tribunal Supremo, ilegal, pretende ejecutar la sentencia que anula la elección del sistema de expropiación, el pliego de cláusulas administrativas y la adjudicación a Fadesa.
Con una superficie de actuación de 160 campos de fútbol, Costa Anácara (hoy Costa Miño) fue adjudicada por el Concello a Fadesa (ahora Martinsa-Fadesa) incumpliendo la Ley del Suelo de Galicia. Los propietarios de los terrenos fueron expropiados a razón de poco más de 6 euros por metro cuadrado, sin siquiera ser citados y sin la obligada información pública del procedimiento.
A partir de ese momento fue evidente tanto para los afectados como para el resto de los vecinos que lo que el PP anunciaba como una lluvia de dinero para Miño (200 empleos directos y otros tantos indirectos, hoteles, cafeterías, restaurantes, más de 360.000 € anuales en concepto de IBI...) era más bien un desastre inminente.
En 2003 Juan Maceiras llegó a comprometerse durante la campaña electoral a revisar la propuesta de expropiación forzosa; sin embargo la realidad es que apenas llegó a la alcaldía se aplicó a defender a capa y espada los intereses de la inmobiliaria, recurriendo una y otra vez las diferentes sentencias en contra del proceso. Lo mismo que pretende ahora: sin volver a escuchar a los afectados, quiere presentar ante la Justicia la ratificación de los acuerdos plenarios anulados por los Tribunales.
Hace poco más de un año, en julio de 2010, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por el concello y Fadesa contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, condenándoles, además, al pago de las costas.
Dicha sentencia del TSJ fue dictada el 10/03/2006 y estima parcialmente el recurso interpuesto por los afectados expropiados contra determinadas resoluciones municipales dictadas en relación al desarrollo del sector de suelo urbanizable nº 1 del PGOM de Miño. En concreto, anula las siguientes Resoluciones:
1.- Del Pleno de 10/05/2002 en lo que se refiere a la elección de la expropiación como sistema de actuación por haber incurrido en defectos de procedimiento al no cumplir con la Ley del Suelo de Galicia, ya que no se ha cumplido con la obligada información pública y de citación a los afectados.
Y también en lo que se refiere a la aprobación del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigieron el concurso.
2.- Del Pleno de 8/08/2002 en el extremo relativo a la adjudicación de la concesión a FADESA.
Se anulan, por lo tanto, el sistema de actuación, el pliego de cláusulas administrativas y la adjudicación.
Las consecuencias para el pueblo son enormemente negativas, pues pasa el Concello a ser el propietario del ámbito y por tanto, de las responsabilidades económicas. No en vano Martinsa Fadesa le reclama al Ayuntamiento un importe cercano a los 70 millones de euros y a los expropiados se les adeudan más de 30 millones en concepto de justiprecio.
Los socialistas de Miño llevamos años advirtiendo a Maceiras y a sus concejales de que este momento llegaría, instando en todos los plenos a que no se siguiese por ese camino y se escuchase y atendiera a los afectados. En septiembre de 2008, incluso se solicitó un pleno extraordinario para tratar de paliar los daños y exigir a Fadesa los avales necesarios para prever una sentencia en contra. La loca huida hacia delante del PP local hizo que desoyeran todos los consejos, tal como han actuado en el pleno de hoy.
El PSOE de Miño considera que la convalidación de acuerdos declarados nulos por los Tribunales, aprobada en el pleno de hoy, supone elegir la opción menos conveniente ante un tema de tal calado, ya que se vuelven a utilizar los mismos argumentos esgrimidos con anterioridad y que ya fueron juzgados. Consideramos esta decisión apresurada y lamentamos que el alcalde y su grupo sigan sin contar nuevamente con los afectados por el desarrollo del ámbito: expropiados y compradores de viviendas.
Nuestro portavoz, Manuel Vázquez Faraldo, ha insistido en que la solución más adecuada debe pasar siempre por la negociación con los afectados y ha reclamado esta vía como la mejor ante el callejón sin salida en que el equipo de gobierno y los asesores jurídico y urbanístico han metido al Concello.
Claro está que tanto el acalde como su equipo, asesores incluídos, no sólo ignoran nuestras advertencias desde hace años sino que siguen pretendiendo, al igual que el príncipe de Salina, conservar su puesto a costa de cambiar algo para que todo siga igual... quizá adivinando que el fin de sus privilegios en Miño está próximo.
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